Cannabis en México: Los Derechos Avanzan, pero la Regulación se Atora

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Esta semana tuvimos noticias importantes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la “SCJN”) al resolver sobre la acción de inconstitucionalidad derivada del incumplimiento de nuestro poder legislativo para regular conforme a la jurisprudencia del 2018.

 

Como ya sabemos, el plazo para que el poder legislativo legalizara venció el 30 de abril de 2021, después de las prórrogas que la SCJN había otorgado anteriormente.

 

El dictamen para promulgar Ley Federal para la Regulación del Cannabis (la “Ley”) y modificar otras disposiciones legales ya había sido aprobado por la Cámara de Senadores el 19 de noviembre de 2020. Posteriormente fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde se le realizaron algunos cambios importantes. La cámara baja (revisora) aprobó el dictamen de Ley el 10 de marzo de 2021 para regresarla a la Cámara de Senadores para revisión, discusión y votación final.

 

Una vez de vuelta en la Cámara de Senadores, la Ley avanzaba a buen paso. Dos de las tres comisiones encargadas de aprobar el dictamen de Ley aprobaron los cambios realizados, sin embargo, en ese paso final algo pasó que todo se detuvo. Cuando estábamos a punto de ver la votación en el pleno del Senado antes de enviarse al Ejecutivo para firma y publicación, el proceso paró. Las razones no se saben, al menos de manera oficial. Teorías hay muchas.

 

El incumplimiento por parte del poder legislativo, jurídicamente, abrió la posibilidad de que el proceso continuara en la SCJN, a través de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad (“DGI”). La DGI es una figura contemplada en la Ley de Amparo, mediante la cual la SCJN inhabilita e inaplica disposiciones que previamente consideró como inconstitucionales.

 

El 28 de junio de 2021, la SCJN aprobó con ocho votos el proyecto de DGI para la inaplicación de diversos artículos de la Ley General de Salud (la “LGS”) en relación con el uso lúdico del cannabis. La DGI tiene como efecto principal eliminar la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso personal, lo cual es posible con una solicitud a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (la “COFEPRIS”), contrario al procedimiento anterior, que debía llevarse ante la COFEPRIS y ante el Poder Judicial Federal en un juicio de amparo.

 

En otras palabras, la DGI no legaliza el uso indiscriminado del cannabis, su cultivo, transportación o cualquiera de las actividades conexas, toda vez que las disposiciones del Código Penal Federal se encuentran vigentes. Las personas que deseen consumir, cultivar, transportar y desempeñar cualquier actividad conexa deberá de solicitar autorización por escrito, misma que no podrá ser negada sin justificación alguna por la COFEPRIS. Para efectos de que la DGI tenga plenos efectos legales, queda esperar que la sentencia sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual puede tomar tiempo.

 

Uno de los inconvenientes de la DGI es que no se regula ni establecen las bases para un comercio legal en México, por lo que deberemos de esperar a la Ley para que esto sea regulado completamente.

 

No obstante lo anterior, ya contando con un marco regulatorio sobre el uso medicinal del cannabis, la DGI es un paso en la dirección correcta para la despenalización del consumo, pero nos deja un sabor agridulce, ya que no logra la regulación integral que esperábamos desde los primeros proyectos de la Ley.

 

 

Luis es uno de los primeros abogados corporativos mexicanos especializados en la industria del cannabis. Egresó del Tecnológico de Monterrey, obtuvo maestría en leyes por Northwestern University School of Law y post-grado en administración por Kellogg School of Management. Es socio fundador del despacho CAAM Legal y es el representante en México para Hoban Law Group, donde además encabeza el grupo de práctica global.