El marco regulatorio para el uso lúdico del Cannabis es una de las leyes más esperadas desde que se previó la publicación y contenido de la famosa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales de 2018 y principios de 2019, por su alcance e importancia contra políticas prohibicionistas sobre el libre desarrollo de la personalidad como un derecho humano. Actualmente, el dictamen de lo que será la Ley Federal para la Regulación del Cannabis (la “Ley”) se encuentra en la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Diversos participantes en este proceso han comunicado que la Ley es uno de los temas prioritarios de este periodo legislativo, por lo que probablemente se esté discutiendo formalmente a principios del mes de marzo.

Después de todos estos años de activismo, lucha y empuje por parte de asociaciones civiles y la sociedad civil, a finales de 2020, pudimos ver un avance tangible sobre la regulación del uso lúdico cuando se aprobó en la Cámara de Senadores la Ley. No obstante lo anterior, a dicha lucha se han sumado otras causas englobadas dentro del discriminado tratamiento, como lo es la lucha por la despenalización del cáñamo, para su uso medicinal, paliativo, cosmético, industrial, entre otros, por no caer dentro de la clasificación de psicotrópicos. Es importante señalar que las asociaciones civiles y la sociedad civil jugaron un papel sumamente importante en este proceso, ya que la regulación del cannabis y el cáñamo conlleva una carga y resistencia política por parte de algunos partidos políticos, que se ha aminorado con la constante desestigmatización y concientización de la planta frente a creencias e ideas infundadas.

Ahora que la Ley se encuentra para seguir el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, por primera vez en mucho tiempo, las asocaciones civiles y la sociedad civil, independientemente de si su objeto recae en diferentes tipos de uso sobre la cannabis o el cáñamo, se han encontrado más unidas para buscar una regulación justa, no discriminatoria y accesible para todas y todos. Es el caso que dichas asociaciones y la sociedad civil se han conglomerado en la ahora llamada Alianza Latinoamericana de la Cannabis (“Alcann”), la cual tiene por objeto, entre otros, impulsar una regulación justa e incluyente de todos los usos de la cannabis. Algunas de las modificaciones que la Alcann sugiere para lo anterior, son las siguientes:

1.Corregir definiciones de cannabis y compuestos, ya que la Ley hace una distinción insuficiente entre cannabis y cáñamo, incluyendo para temas industriales, y es ignorante de los compuestos y usos de la planta.

2.Descriminalización efectiva, toda vez que la Ley aún prevé sanciones por posesión simple y eso perpetúa la discriminación y criminalización a las y los que consumen Cannabis.

3.Liberar al cáñamo con fines industriales de toda restricción, ya que se le debería de dar un tratamiento como cualquier otra planta que tiene fines industriales, como el algodón.

4.Permitir la exportación de cannabis psicoactivo. México, por sus condiciones geográficas y climatológicas, podría posicionarse en uno de los mayores productores y exportadores a nivel mundial.

5.Ampliar el porcentaje de licencias para comunidades campesinas/indígenas, como medida de resarcimiento a aquellas y aquellos que se han visto más afectadas y afectados por la politica prohibicionista.

6.Establecer impuestos a la importación de la planta.

Dichas modificaciones son importantes para la sociedad civil ya que reflejarían el compromiso de nuestros legisladores de atender las principales solicitudes que se les han hecho en este proceso: la priorización de los derechos humanos de los usuarios y la reparación del daño mediante la creación de una economía cannábica accesible para todos los participantes en la cadena de valor de una nueva industria. Estos planteamientos han sido hechos desde que la Ley se encontraba en comisiones de la Cámara de Senadores. Ahora, en la Cámara de Diputados, esperamos que las voces de la sociedad civil sean escuchadas una vez más para acercarnos los más posible a una regulación justa e incluyente.

Luis es uno de los primeros abogados corporativos mexicanos especializados en la industria del cannabis. Egresó del Tecnológico de Monterrey, obtuvo maestría en leyes por Northwestern University School of Law y post-grado en administración por Kellogg School of Management. Es socio fundador del despacho CAAM Legal y es el representante en México para Hoban Law Group, donde además encabeza el grupo de práctica global.