Panorama Legal para la Industria del Cannabis en 2021

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Después de años de lucha, activismo, controversia y cabildeo, a finales del año pasado y al principio de este pudimos ver resultados concretos en el proceso de legalización del cannabis. Estos resultados se materializaron, por una parte, en la aprobación del dictamen para la Ley Federal para la Regulación del Cannabis (el “Dictamen de Ley”) en la Cámara de Senadores; y por la otra en el avance -lento pero firme- del entonces proyecto del Reglamento en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos a cargo de la Secretaría de Salud (el “Reglamento para Uso Médico”).

 

En cuanto al Dictamen de Ley, nuestra Cámara Alta aprobó el proyecto un par de semanas antes de que concluyera el plazo legal entonces vigente conforme a lo autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”). Siendo un tema tan complejo y políticamente sensible, era de esperarse que la Cámara de Diputados (cámara revisora en este caso) no tendría suficiente tiempo para revisar el documento, allegarse de la información relevante para la definición de posturas y, en ciertos casos, dar forma a propuestas para modificar el Dictamen de Ley. De tal forma, una nueva solicitud de prórroga fue enviada a la SCJN, quien estableció como nuevo el nuevo plazo el último día del próximo periodo legislativo, es decir, el 30 de abril de 2021.

 

Son varias las áreas en las que el Dictamen de Ley quedaría a deber a la sociedad mexicana en caso de que se convierta en ley. Por decir algunas de las más importantes, podemos mencionar:

 

  • La deficiente distinción legal entre el cannabis psicoactivo y el cáñamo industrial: Si bien la definición de dichos términos los distingue con base en el contenido total de THC (1%), el Dictamen de Ley impone una carga regulatoria desproporcional al cáñamo al sujetarlo, en la mayoría de los casos, a disposiciones que de igual forma aplican al cannabis psicoactivo. El principal ejemplo de lo anterior es el requerimiento de obtener una licencia para los actos relacionados con el cannabis para fines industriales.

 

  • La sobre-regulación impuesta a ciertos actos relacionados con el cannabis psicoactivo para uso adulto o personal (no médico): La importación y exportación de cannabis psicoactivo estaría prohibida. Desde una perspectiva económica, es cuando menos debatible el porqué se justificaría dejar a los productores mexicanos fuera del mercado internacional. También estaríamos privando al mercado nacional del acceso a importar la planta en formas o presentaciones de alta calidad que contengan más de 1% de THC. Los comestibles, bebidas y cosméticos estarán permitidos salvo que contengan cannabis psicoactivo.

 

  • La criminalización de los usuarios continúa: El Dictamen de Ley establece restricciones desproporcionadas para el uso adulto. Estas restricciones consisten en límites en el número de plantas por casa, condiciones en las que se puede consumir, obligaciones de registros de plantas y usuarios y multas administrativas. Se podría afirmar, sin temor a equivocarnos, que la regulación no es similar, por ejemplo, a la que aplica al tabaco o el alcohol.

 

  • Límites innecesarios a superficies de cultivo: Para el cannabis psicoactivo, los límites serían una hectárea para cultivo a cielo abierto y mil metros cuadrados para cultivos bajo cubierta. Para el cultivo de cáñamo industrial, se estaría a lo previsto en “la política nacional agropecuaria”.

 

En el Dictamen de Ley hay temas polémicos que algunos sectores ven buenos ojos y otros con malos, dependiendo de las respectivas motivaciones o intereses de cada uno. Por ejemplo, la prohibición a la integración vertical se eliminó en la última versión del documento aprobado por el Senado, permitiendo así que una persona pueda tener más de una licencia. De igual forma, las restricciones a la inversión extranjera se relajaron respecto del capital máximo permitido (inicialmente en 20%) y los cosméticos, bebidas y comestibles se reinsertaron al texto de los productos permitidos. Está por ver si en la revisión por parte de los Diputados se proponen nuevos cambios.

 

El momentum generado por lo anterior a finales del 2020 se fortaleció con la expiración de otro plazo legal también impuesto por la SCJN para que el 12 de enero de 2021 se expidiera y publicara el Reglamento para Uso Médico. Este reglamento se adhiere y deriva estrictamente de la reforma a la Ley General de Salud del 2017 permitiendo el uso médico del cannabis, por lo que tiene como objetivo regular la forma en la que se podrán llevar a cabo acciones relacionadas con (1) la producción primaria de materia prima, medicamentos y semilla, (2) investigación para la salud, (3) investigación farmacológica, (4) fabricación de derivados farmacológicos y medicamentos, y (5) fines médicos la realización de diagnósticos, rehabilitación y cuidados paliativos.

 

Respecto de la investigación, las nuevas reglas prevén los requisitos para llevar a cabo protocolos de investigación y las medidas con las que deberán cumplir dichas actividades de investigación. Es importante mencionar que los protocolos autorizados serán un requisito para obtener permisos de siembra, producción o importación de materia prima.

 

También es de reconocer que los requisitos y trámites para las diversas actividades en la cadena de valor son asignados a las competencias de las autoridades que por su naturaleza deben conocer, principalmente en materia de salud o agrícola. Por ejemplo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”) aprobará los protocolos de investigación, supervisará el control sanitario de medicamentos y derivados farmacológicos, y regulará actividades como las recetas que profesionales médicos podrán expedir. Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (“SADER”) por conducto de sus órganos desconcentrados, regulará y promoverá la sanidad en el uso del cannabis para reducir riesgos de contaminación, o bien la producción y calificación de semillas certificadas.

 

La expedición del Reglamento para Uso Médico es un paso histórico porque representa la certidumbre jurídica para el nacimiento de una nueva industria de cannabis medicinal, pero también porque legitima el acceso de pacientes a la planta. También sienta las bases para que por fin pueda implementarse el desarrollo de investigación nacional bajo los protocolos correspondientes. La rigidez con la que se tiene que regular el cultivo de cannabis para producir medicamentos puede verse como barreras para entrada al mercado, pero al final de cuentas representa en su mayor parte el cumplimiento con estándares internacionales, algunos de ellos conocidos como buenas prácticas de manufactura (GMP).

 

Con este contexto iniciamos el 2021 y esperamos que los avances continúen y se materialicen en instrumentos normativos, en leyes y reglamentos. Respecto del Dictamen de Ley, estaremos expectantes de ver la prioridad que le da la Cámara Baja al Dictamen de Ley. La disyuntiva para muchos en la industria es si conviene seguir cabildeando ante los Diputados para buscar hacer cambios en la ley propuesta y correr el riesgo de que no prosperen dichos cambios una vez que sean revisados de nueva cuenta por los Senadores o si buscamos que se apruebe una ley perfectible con la esperanza de que pueda ser mejorada en los próximos años. Respecto del Reglamento para Uso Médico, en los transitorios se establece que la SADER tiene 90 días a partir de la publicación para realizar adecuaciones normativas consistentes con las nuevas reglas. Será interesante también ver los ajustes que hará la COFEPRIS (organizacionales y en cuanto a lineamientos y criterios) para poder atender de manera eficaz e informada las solicitudes que esperemos comiencen a presentarse pronto.


Luis es uno de los primeros abogados corporativos mexicanos especializados en la industria del cannabis. Egresó del Tecnológico de Monterrey, obtuvo maestría en leyes por Northwestern University School of Law y post-grado en administración por Kellogg School of Management. Es socio fundador del despacho CAAM Legal y es el representante en México para Hoban Law Group, donde además encabeza el grupo de práctica global.